Se les deja de cerrar la puerta en la cara: el Gobierno impulsa un proyecto para que los extranjeros puedan comprar campos de forma ilimitada
Este jueves, el Senado tratará el proyecto de ley que propone modificar la Ley 26.737 de Tierras Rurales, eliminando las restricciones actuales que limitan la compra de tierras por parte de extranjeros en el país.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la reforma al afirmar que la Ley de Tierras sancionada en 2011 “criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros”, desvirtuando, según él, “el espíritu de la Constitución, que garantiza los mismos derechos civiles a nacionales y extranjeros y promueve la inmigración de quienes vienen a trabajar y producir”.
Ravier destacó que las restricciones vigentes están frenando inversiones significativas, especialmente en el sector foresto-industrial de las provincias del NEA, Cuyo y la Patagonia, donde hay “proyectos millonarios que no pueden desarrollarse debido a estas trabas”.
El proyecto establece una clara diferenciación entre inversores privados y Estados extranjeros. Con esta iniciativa, se endurecen los controles sobre gobiernos extranjeros, sus empresas y las sociedades que controlan. “Actualmente pueden comprar hasta 1.000 hectáreas libremente, pero con esta ley necesitarán autorización específica. Cualquier intento de eludir esos controles mediante testaferros será considerado una simulación ilícita”, afirmó.
El objetivo de la reforma es, según Ravier, “controlar más que nunca el poder estatal extranjero, mientras que a los productores e inversores genuinos se les deja de cerrar la puerta en la cara”.
Hasta la fecha, la Ley de Tierras Rurales N° 26.737, sancionada en 2011, establece que los extranjeros no pueden superar el 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, con un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Además, prohíbe la venta de campos que incluyan o limiten con cuerpos de agua permanentes, zonas de glaciares o áreas de frontera.
Argentina cuenta con una superficie continental de 279,1 millones de hectáreas, de las cuales 266,7 millones corresponden a tierras rurales, de las cuales alrededor de 16,2 millones están en manos extranjeras, es decir, el 6% del total.
Lucas Palma, presidente de la Cámara Inmobiliaria Rural (CAIR), expresó que las tierras en manos de extranjeros están muy por debajo del límite legal vigente. En provincias como Salta, La Rioja, Catamarca y Corrientes, la extranjerización oscila entre el 10% y el 13%. En contraste, en la región núcleo, que incluye Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, los porcentajes de tierras rurales en manos extranjeras son significativamente menores.
Por su parte, Federico Nordheimer, titular de Nordheimer Campos y Estancias, mencionó que “el debate sobre la modificación de la Ley de Tierras vuelve a poner sobre la mesa uno de los temores más arraigados del imaginario argentino: que los extranjeros vengan a comprarnos el campo”.
En cuanto al impacto de la reforma sobre el valor de la tierra, el titular de CAIR consideró que el efecto no dependerá únicamente de la flexibilización del régimen para inversores extranjeros, sino de un conjunto de medidas económicas que mejoren la rentabilidad del sector.
Palma afirmó que “lo que realmente puede hacer subir el valor de los campos son políticas, como la eliminación de las retenciones y reglas de juego claras”. Esto permitiría que Argentina recupere terreno y se acerque a los valores internacionales. Actualmente, una hectárea agrícola en la zona núcleo cotiza entre US$ 17.000 y US$ 20.000, valores que, según indicó, siguen siendo inferiores a los de países vecinos.
Nordheimer destacó que la reforma podría abrir oportunidades genuinas para el capital extranjero en proyectos de largo plazo y alta inversión, como el desarrollo de zonas con riego o cultivos permanentes, que requieren varios años hasta alcanzar la primera cosecha rentable.
Los grandes fondos institucionales que pueden venir a la Argentina no trabajan solos: se asocian con administradores y productores locales, asegurando que el desarrollo se haga con conocimiento local y que los beneficios se distribuyan en la economía nacional.
Qué ocurre en los países vecinos
La participación de capital extranjero en la propiedad de tierras rurales es un fenómeno extendido en Sudamérica, aunque cada país aplica diferentes mecanismos de regulación.
En Paraguay, estudios de organizaciones sociales e investigativas estiman que entre el 14,2% y el 19,4% de la superficie nacional pertenece a propietarios extranjeros, siendo la mayor presencia de productores y empresas brasileñas.
En Uruguay, investigaciones académicas estiman que alrededor de 2,2 millones de hectáreas están bajo el control de grupos corporativos y capitales extranjeros, principalmente en el ámbito forestal y agronegocios. Para regular estas inversiones, Uruguay implementó la Ley Nº 18.092, que exige la identificación de los accionistas y un registro estricto de la titularidad de las tierras.
En Brasil, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) registra unas 4,5 millones de hectáreas en manos de extranjeros, con restricciones históricas que limitan la propiedad extranjera.
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