Reforma inmobiliaria: el Gobierno busca desregular la compraventa de propiedades y eliminar la matrícula
El proyecto entraría al Congreso en los próximos días. El Gobierno considera que el esquema actual encarece las operaciones y limita la competencia. Según datos, en el 98% de los casos hay intervención de corredores matriculados.
El Gobierno avanza con la reforma para desregular el mercado inmobiliario. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la dirección de Federico Sturzenegger, está finalizando un proyecto de ley que será enviado al Congreso en los próximos días para modificar el funcionamiento del sistema.
El principal cambio que se planteará es la eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer la actividad de corretaje, un servicio de intermediación que actualmente funciona como una barrera de entrada al mercado. Así, se suprimiría la exigencia del título universitario, además de otorgar libertad para fijar honorarios, sin estipular aranceles mínimos ni máximos. Con esto, se les quitaría a los colegios profesionales buena parte de sus facultades.
Además, el avance tecnológico del sector será contemplado, permitiendo operar mediante plataformas digitales sin restricciones geográficas, lo que favorecerá a nuevos modelos comerciales apoyados en Inteligencia Artificial, recorridos virtuales y firmas electrónicas.
El objetivo es reducir los costos de las operaciones de compraventa, aumentar la competencia y facilitar el ingreso de nuevos actores, anticipó Sturzenegger en un encuentro organizado por Reporte Inmobiliario en la Universidad Católica Argentina (UCA). En su presentación, Sturzenegger fue crítico de la colegiación obligatoria y cuestionó que los colegios “usen el poder del Estado para fijar condiciones”, considerándolo una “aberración social”.
Voces a favor y en contra
La discusión enfrenta dos modelos distintos sobre el negocio inmobiliario: uno que aboga por mayor competencia y menores regulaciones, y otro que considera indispensable mantener la colegiación obligatoria como garantía de seguridad jurídica para quienes compran o venden una propiedad.
Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), sostuvo que “hoy se limita la competencia”. “Impide que personas formadas comercialmente presten servicios si no pertenecen al rubro. La tecnología ofrece herramientas de evaluación y trazabilidad que funcionan como autorregulados más eficientes que el modelo vigente”, apuntó.
Sebastián Sosa, presidente y cofundador de Remax Argentina y Uruguay, destacó que “debería analizarse qué valor aportan los colegios profesionales”. “Si la ley busca abrir esa conversación, el debate es bienvenido. Toda medida que apunte a modernizar y simplificar operaciones merece ser analizada. La idea es lograr un mercado más dinámico y accesible, sin perder confianza ni calidad de servicio”, resaltó.
Del otro lado, los profesionales cuestionan el proyecto. La Cámara Inmobiliaria Argentina rechazó la iniciativa e impulsa la creación de un Registro Nacional Único de Corredores Inmobiliarios y Asistentes, que unifique criterios en todo el país y fortalezca la seguridad jurídica.
“No es cualquier actividad: está en juego el patrimonio de las familias. El corredor matriculado no solo asesora, es un sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF), con deberes de identificar a las partes, verificar el origen de los fondos y colaborar en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esa función es clave para la transparencia”, consideró Nancy Vieitez, titular de la inmobiliaria homónima y presidenta de la cámara.
“Si cualquiera puede intermediar, ¿quién asume esas obligaciones ante la UIF? ¿Quién responde por los controles y las irregularidades que pueden detectarse? Además, la matrícula no representa un costo para el Estado. El sistema se sostiene con los aportes de los profesionales. Nadie está obligado a contratar una inmobiliaria. Sin embargo, más de 98% de quienes compran o venden una propiedad lo hacen con un corredor”, agregó.
Marta Liotto, presidenta del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci) y del Colegio Inmobiliario porteño, coincidió: “La propuesta no debe plantearse entre regulación o libertad, sino entre profesionalismo o improvisación”.
“Pretender desregular abre la puerta a los riesgos que implica operar sin controles con intermediarios no calificados, prácticas abusivas, fraudes y desprotección. La matrícula no es un privilegio sectorial ni puede ser mirada como una simple transacción comercial: es una garantía, asegura la formación específica y responsabilidad. Detrás de una operación hay ahorro, inversión y proyectos de vida. Por eso, el rol del corredor matriculado resulta indispensable”, añadió.
Fuente: Agustina Devincenzi
Ver nota original
