La reforma de la ley de corretaje restringe la libertad de trabajo y consolida un monopolio
La Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) advierte con profunda preocupación que el proyecto de ley que se debate en la Legislatura de Salta, para modificar la Ley 7629 de Corretaje Inmobiliario, implica un serio retroceso para el sector y la comunidad.
Lejos de perseguir el bien común para el sector, la propuesta que impulsa el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCIS) solo busca consolidar un monopolio exclusivamente a su favor que atenta contra el progreso y la modernización y restringe, además, la libre competencia y la libertad de empresa garantizada por la Constitución Nacional.
En un contexto global donde el sector evoluciona hacia la desregulación y la digitalización total, y donde la intermediación y la comercialización se desarrolla de manera natural en plataformas online y redes sociales, la propuesta del CUCIS va a contramano de las demandas urgentes del sector. La reforma de la ley 7629 no moderniza ni protege; al contrario, encarece, limita y concentra.
El mercado inmobiliario necesita abrirse y no cerrarse. Esta reforma, en lugar de impulsar el desarrollo y la competencia, tiene como único objetivo beneficiar a unos pocos en desmedro de todos los actores del sector: corredores, emprendedores, inversores, consumidores y, sobre todo, a la economía en general. Vemos en este proyecto un inquietante avasallamiento de la libertad de empresa que cercena derechos básicos de los corredores inmobiliarios, como la prohibición de asociarse con terceros y la obligatoriedad de tener que sostener oficinas físicas.
La iniciativa del CUCIS busca expresamente poner barreras de acceso al mercado a las empresas innovadoras y los nuevos modelos de negocio como las franquicias y las plataformas digitales que, en la actualidad, son las que dinamizan la economía, generan puestos de trabajo de calidad e impulsan la profesionalización del sector. Lejos de proteger a los ciudadanos, esta iniciativa amenaza con frenar la inversión, limitar la competencia y, en última instancia, perjudicar a todos los salteños, proponiendo un mercado con servicios más caros, ineficientes y menos competitivos. Desde CAMESI llamamos a los legisladores provinciales a rechazar este proyecto.
Salta necesita un marco regulatorio moderno y equilibrado que fomente la inversión y la competencia; que incluya a todos los actores: corredores, plataformas tecnológicas y empresas que hoy ya brindan servicios inmobiliarios en la Argentina. Instamos a que se abra un debate serio y transparente, que incluya a todos los actores del sector y, especialmente, a los ciudadanos para construir una ley que realmente beneficie a la provincia.
