La reforma de la ley de corretaje restringe la libertad de trabajo y consolida un monopolio
ADVIERTEN CON PROFUNDA PREOCUPACIÓN QUE EL PROYECTO DE LEY QUE SE DEBATE EN LA LEGISLATURA DE SALTA, PARA MODIFICAR LA LEY 7629 DE CORRETAJE INMOBILIARIO, IMPLICA UN SERIO RETROCESO PARA EL SECTOR Y LA COMUNIDAD.
La Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) expresa su inquietud respecto al proyecto de ley que se analiza en la Legislatura de Salta, que busca modificar la Ley 7629 de corretaje inmobiliario. Esta propuesta no solo pone en riesgo el bienestar del sector, sino que también afecta a la comunidad en general.
Lejos de buscar el bien común, la iniciativa impulsada por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCIS) tiene como objetivo consolidar un monopolio que perjudica el progreso y la modernización del mercado, restringiendo la libre competencia y la libertad de empresa garantizada por la Constitución Nacional.
En un contexto global donde el sector avanza hacia la desregulación y la digitalización, la propuesta del CUCIS se encuentra en oposición a las necesidades urgentes del sector. La reforma a la ley 7629 no mejora ni protege; por el contrario, encarece, limita y concentra.
El mercado inmobiliario necesita abrirse y no cerrarse. Esta reforma, en lugar de fomentar el desarrollo y la competencia, está diseñada para beneficiar a unos pocos a expensas de todos los actores del sector: corredores, emprendedores, inversores, consumidores y, sobre todo, la economía en su conjunto. Este proyecto representa un preocupante avasallamiento de la libertad de empresa, que cercena derechos básicos de los corredores inmobiliarios, como la prohibición de asociarse con terceros y la obligación de mantener oficinas físicas.
La propuesta del CUCIS busca establecer barreras de acceso al mercado que afectan a empresas innovadoras y nuevos modelos de negocio, como franquicias y plataformas digitales. Estas últimas son las que impulsan la economía actual, generan empleo de calidad y promueven la profesionalización del sector. Lejos de proteger a los ciudadanos, esta iniciativa amenaza con frenar la inversión, limitar la competencia y, en última instancia, perjudicar a todos los salteños, al proponer un mercado con servicios más caros, ineficientes y menos competitivos.
Desde CAMESI, hacemos un llamado a los legisladores provinciales para que rechacen este proyecto.
Salta necesita un marco regulatorio moderno y equilibrado que fomente la inversión y la competencia. Es fundamental incluir a todos los actores: corredores, plataformas tecnológicas y empresas que ya brindan servicios inmobiliarios en Argentina. Instamos a que se abra un debate serio y transparente que involucre a todos los actores del sector, y especialmente a los ciudadanos, para construir una ley que realmente beneficie a la provincia.
Fuente: La Voz Inmobiliaria
