Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados: “Es un combo letal para el inquilino”
LA SEMANA QUE VIENE SE DEBATIRÁ EL PROYECTO DE LEY QUE BUSCA, ENTRE OTROS PUNTOS, AGILIZAR LOS DESALOJOS
17 de abril de 2026
13:00
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Gervasio Muñoz, representante de Inquilinos Agrupados, se pronunció en contra del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno. La agrupación advirtió que esta iniciativa propone un esquema de “desalojos rápidos” sin precedentes en la región.
“El proyecto establece el régimen de desalojo más agresivo de América Latina”, afirmó Muñoz, tras un análisis comparativo con legislaciones de países como Brasil, Uruguay, Perú, España, El Salvador y Paraguay. Según el informe de la organización, ningún país combina plazos tan cortos con un nivel tan bajo de garantías para el inquilino.
La iniciativa, presentada el 27 de marzo, comenzó a debatirse el miércoles pasado en un plenario de comisiones en el Senado. El oficialismo aseguró que no habrá dictamen, al menos, hasta la próxima semana. Este proyecto fue impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El objetivo, según el escrito, es “eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica”.
La reforma incluye cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y ajustes en distintas leyes, entre ellas la de tierras rurales y el régimen de integración socio urbana de barrios populares. Uno de los puntos centrales del proyecto impacta de lleno en los desalojos, buscando que sean más rápidos y simplificando los trámites registrales.
¿Qué propone el proyecto de ley en materia de desalojos?
El texto del proyecto establece que todos los procesos, tanto por falta de pago como por intrusión o toma de inmuebles, pasen a tramitarse mediante juicio sumarísimo, el procedimiento más rápido del sistema judicial argentino.
La reforma modifica artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, rigiendo en la ciudad de Buenos Aires, así como también el Código Civil y Comercial de la Nación. Los principales cambios propuestos son:
– Se implementa el juicio sumarísimo: todos los procesos, tanto por falta de pago como por intrusión o toma de inmuebles, se tramitarán mediante juicio sumarísimo.
– La intimación de pago es a tres días corridos: en caso de incumplimiento en el pago de alquiler, el dueño debe enviar una notificación otorgando un plazo de tres días para que el inquilino pague la deuda (actualmente es de 10 días).
– La restitución puede ser anticipada en casos de intrusión: el juez puede devolver la tenencia al dueño antes de que se dicte la sentencia final, resolviendo en un plazo de cinco días.
– La restitución también puede ser anticipada por falta de pago: el demandante debe presentar una caución juratoria para seguir el trámite.
– Se limitan las pruebas en los juicios: solo se admitirá prueba documental y pericial en juicios por falta de pago o vencimiento de plazo.
Según Muñoz, este conjunto de cambios inclina la balanza de manera decisiva hacia los propietarios y no otorga “segunda oportunidad” a los inquilinos, ya que no se contempla la posibilidad de frenar el desalojo pagando la deuda.
“El Gobierno quiere que se vote una ley en donde si una familia se atrasa tres días en el pago del alquiler, es desalojada de inmediato”, sostuvo Muñoz.
El cuestionamiento no se limita al plano legal, sino que vincula el proyecto con el contexto económico y la dinámica actual del mercado de alquileres. Muñoz observa un “combo letal” para los inquilinos: contratos más cortos, condiciones más flexibles para los propietarios y un deterioro del ingreso real en un escenario de mayor precarización laboral.
En paralelo, anticipa un escenario de ida y vuelta regulatorio: “Cuando esto genere consecuencias, otro gobierno va a tener que volver a impulsar una ley de alquileres”.
Mientras el Gobierno apuesta a acelerar los desalojos como señal hacia los propietarios, los inquilinos advierten que el costo social puede ser inmediato.
