El cargo extra que pagan muchos inquilinos y es ilegal: qué dice la ley y dónde consultar los aranceles
En la Ciudad de Buenos Aires, muchos inquilinos enfrentan la carga de un costo extra e ilegal al momento de renovar sus contratos de alquiler. Este cargo, que suele incluirse como “gastos de gestoría”, es un tema de preocupación que merece atención.
Ejemplos reales de inquilinos afectados
Cuando Mariel renovó este año el contrato del departamento en el que vive desde 2015 en Caballito, la inmobiliaria le exigió $120.000 por obtener el informe de dominio de la propiedad que presenta como garantía. “Les propuse hacerlo yo, pero me dijeron que la única opción era a través de su gestor. Pedí factura o comprobante y me la negaron. No estaba en condiciones de buscar otro departamento ni de afrontar los gastos de una mudanza, así que no me quedó otra que pagar”, cuenta.
Ese trámite, que se realiza en el Registro de la Propiedad Inmueble para constatar que el inmueble ofrecido como garantía no tenga inhibiciones, cuesta mucho menos de lo que le exigieron a Mariel. Según la tabla de aranceles oficiales, el valor ronda apenas una fracción del monto pagado.
El caso de Mariel no es aislado. Martín Bustamante, de 34 años, alquila hace cuatro en Villa Urquiza. Al renovar su contrato en junio, la inmobiliaria le reclamó $95.000 en “gastos de gestoría” por el mismo informe de dominio. “Cuando pregunté si podía ir yo al Registro de la Propiedad, me dijeron que era imposible y que ellos tenían un gestor que se encargaba. No quise arriesgarme a perder el departamento porque los alquileres están imposibles y acepté. Fue pagar, quedarme en la calle o volver a lo de mis viejos”, relata.
La ley y su protección para los inquilinos
En la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 2.340 establece en su artículo 57 que los corredores inmobiliarios no pueden cobrar a los inquilinos de vivienda ni comisión, ni gastos administrativos o de gestoría. Esos costos deben ser afrontados por el propietario. El inquilino solo debe pagar el monto del alquiler, expensas comunes y los servicios.
Con la reforma del Código Civil y Comercial de 2015 se unificaron las reglas a nivel nacional, pero la normativa porteña se mantiene vigente. A pesar de la derogación de la ley de alquileres en diciembre de 2023, que cambió las reglas, sigue vigente la 2.340 que protege a los inquilinos.
Aspectos económicos y la carga del ABL
Algo parecido ocurre con el pago del ABL. Lo que pocos saben es que la boleta está dividida en dos. Según la ley porteña, el Impuesto Inmobiliario debe ser abonado por el propietario, mientras que la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza es responsabilidad del inquilino. En la Ciudad, a los hogares llega todo junto en la misma boleta.
La voz de las inmobiliarias y su postura
La Cámara Inmobiliaria Argentina, a través de su presidenta Nancy Vieitez, ha aclarado que “el corredor matriculado no puede cobrar comisión ni gastos de gestoría”. Hacerlo constituye una práctica prohibida. En muchos casos, quienes cobran no son corredores habilitados, sino personas que ejercen ilegalmente la actividad.
Desde el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (CUCICBA), su presidenta Marta Liotto sostiene que no hay denuncias formales sobre este tema. Sin embargo, los testimonios de inquilinos como Mariel y Martín reflejan una realidad diferente.
Una práctica extendida y su denuncia
Para muchos inquilinos, la situación es desalentadora. En numerosos contratos recientes se incluyen gastos de gestoría que superan los valores oficiales. Ante la asimetría de poder y la urgencia de resolver su situación habitacional, la mayoría acepta las condiciones impuestas.
Según la página del Registro de la Propiedad Inmueble, el costo de un certificado de dominio es de $12.000, mientras que el de inhibiciones es de $3.000. Los inquilinos pueden consultar la página del organismo: www.dnrpi.jus.gob.ar.
“Inventan conceptos para seguir cobrando lo que la ley les prohibió cobrar: primero fueron gastos administrativos, ahora son gastos de gestoría. Siempre termina pagando el inquilino”, denuncian desde Inquilinos Agrupados.
Los testimonios de Mariel y Martín ilustran la encrucijada de muchos porteños: aunque la ley los protege, se sienten obligados a pagar para no perder su alquiler. Entre la letra de la normativa y la realidad del mercado inmobiliario hay un abismo que, por ahora, se salda con más presión sobre los bolsillos de quienes alquilan.
