AIRBNB: LA RAZÓN POR LA QUE RECIBIÓ UNA MULTA DE 64 MILLONES DE EUROS
Se trata de una severa sanción impuesta por el Ministerio de Consumo en España a una sola empresa, tras otras multas de más de 100 millones de euros a compañías aéreas.
El Ministerio de Consumo de España ha multado a la plataforma de alquileres vacacionales Airbnb por permitir que haya departamentos en su portal publicitándose pese a no contar con una licencia, como marca la normativa. La sanción asciende a €64 millones.
La multa equivale a seis veces el beneficio ilícito que habría obtenido la compañía con sede en San Francisco con esos anuncios desde que fue apercibida hasta que los retiró. Esta medida sigue a la apertura de un expediente sancionador debido a que no impidió que propietarios sin licencia publicitaran sus casas, ni evitó que otros colocaran números de registro falsos o incorrectos.
“Vamos a defender los derechos de los consumidores, sin importar lo grandes o poderosas que sean las empresas implicadas en actividades abusivas o fraudulentas”, ha advertido Pablo Bustinduy, director del ministerio, en rueda de prensa. Esta es la segunda multa de mayor cuantía impuesta por Consumo a una única compañía, después de los €108 millones que recayeron sobre Ryanair en noviembre de 2024.
El contexto de la sanción
Las infracciones se detectaron en un total de 65.122 anuncios en Airbnb. El proceso se inició en octubre de 2024, cuando la dirección general de Consumo notificó a la compañía sobre la publicidad ilícita. Ante la inacción de la plataforma, en diciembre se abrió un expediente sancionador, y Airbnb recurrió, sin éxito, primero ante Consumo y luego ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
“La resolución es firme y agota la vía administrativa. Airbnb tiene el derecho de recurrir ante la justicia, pero la sanción es firme”, zanjó Bustinduy, que también mencionó que hay otros expedientes sancionadores en curso contra grandes inmobiliarias.
Reacciones y posibles consecuencias
Es previsible que Airbnb agote todas las vías judiciales a su alcance para evitar pagar, lo que podría llevar el asunto al tribunal de la UE, retrasando su resolución más de un año. En un comunicado, la compañía anunció: “Airbnb considera que esta sanción es contraria al marco legal español y europeo y la recurrirá.”
Desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre alquileres de corta duración, el pasado 1 de julio, Airbnb sostiene que ha colaborado con el Ministerio de Vivienda en su implementación. “Como resultado, más de 70.000 anuncios han añadido un número de registro y, por lo tanto, siguen disponibles para reservar en la plataforma”, calcula la firma.
Infracciones adicionales y sanciones
El ministerio también ha identificado otras infracciones leves de Airbnb que han sido penalizadas con €10.000. Una fue por omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento turístico, y otra por obstrucción o negativa a facilitar información durante la instrucción del expediente.
Por último, Airbnb habría incumplido deberes impuestos por el órgano instructor durante la tramitación del expediente, lo que conllevó una infracción grave sancionada con €55.000.
Organizaciones de consumidores como Asufin han expresado su apoyo hacia la medida, afirmando que “las plataformas de base tecnológica tienen un poder amplísimo y no pueden pretender ser un mero intermediario que se lleve solo los beneficios sin asumir ninguna responsabilidad”.
Consumo no parece dispuesta a aflojar la presión, y en la recta final del 2025, ha impuesto diversas sanciones a operadores y firmas inmobiliarias por vulnerar derechos de los consumidores.
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